El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la recién aprobada Ley de Amnistía, que entró en vigor ayer tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta determinación se hizo después de que el órgano gubernamental solicitara un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos emitieron un dictamen que avaló la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la norma.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente la ley, calificándola como una violación de los principios fundamentales sobre los que se sustenta la Constitución Española. Ayuso ha señalado que la amnistía afecta la seguridad jurídica, la separación de poderes y la igualdad de todos los españoles ante la ley, y ha argumentado que esta norma fue “redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática”. Según la presidenta, la ley no representa un cierre sino más bien un umbral hacia futuras crisis de convivencia.
Ayuso ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno por la aprobación de esta ley, afirmando que el siguiente paso será la celebración de un referéndum ilegal, lo cual, según ella, llevará al desamparo de los ciudadanos y a una nueva ruptura de la convivencia. La mandataria ha subrayado que la ley amnistía es “una trampa tras otra, una mentira tras otra”, y ha sostenido que esta medida daña gravemente el buen nombre de España tanto a nivel interno como externo, dejándola “débil y bajo sospecha”.
La presidenta ha denunciado que la amnistía pone en riesgo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y tilda de prevaricadores a funcionarios, diputados y senadores, además de cuestionar la figura del Rey. Díaz Ayuso ha enfatizado que la Comunidad de Madrid no permanecerá inactiva ante lo que considera un “escándalo” y que actuará en defensa de la Constitución.
Por su parte, la Abogacía General del Gobierno regional ha argumentado en su denuncia que la Ley de Amnistía socava los fundamentos de la Constitución al crear un estatus privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma y amparar conductas contrarias al derecho, lo que, según la Abogacía, rompe con el principio de igualdad ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Carta Magna.
Además, el informe del Ejecutivo regional señala que la ley viola la separación de poderes al permitir que el Legislativo invada competencias del Poder Judicial, que es el único órgano con autoridad constitucional para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
El Gobierno central aprobó la Ley de Amnistía sin tomar en cuenta los informes desfavorables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.
