Durante la visita a la nueva área de descanso Pradera de la Virgen de la Peña en Rascafría, se ha adelantado una relevante medida fiscal que busca aliviar a las familias y vecinos afectados por las obras de la línea 7B. En concreto, la Comunidad de Madrid ha decidido eximir del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados a aquellos que adquieran un local comercial o una plaza de garaje de segunda mano. Esta medida sería retroactiva, aplicándose desde el reconocimiento de una indemnización por daños hasta los cuatro años siguientes.
El ejecutivo regional estima que alrededor de 220 personas podrían beneficiarse de esta exención fiscal, que deberá ser incluida en el proyecto de Presupuestos regionales de 2025. Hasta la fecha, se han abonado 9 millones de euros en indemnizaciones patrimoniales, resolviéndose 63 de los 79 expedientes abiertos, mientras los restantes siguen en proceso de tramitación.
En paralelo, se ha activado este año una línea de ayudas de 500.000 euros destinada a pymes y empresarios individuales de los sectores comercial y de servicios. Estas ayudas están dirigidas a quienes se encuentran en el perímetro formado por las calles Presa, Ventura de Argumosa, Rafael Alberti y Nazario Calonge en San Fernando de Henares, y se hayan visto afectados por las mencionadas obras.
Las subvenciones cubrirán inversiones en infraestructuras y equipamientos para la recuperación de los negocios, así como gastos corrientes tales como hipotecas, alquileres, notarias, consultorías técnicas o jurídicas y seguros. Esta acción se enmarca dentro del Plan Integral de San Fernando de Henares, que cuenta con un presupuesto total de más de 120 millones de euros. De esta suma, ya se han destinado 71 millones a gastos de alojamiento y manutención, además de los servicios proporcionados por la Oficina de Información en San Fernando de Henares.
El plan contempla también la estabilización y consolidación del terreno, trabajos de impermeabilización, reparación de superestructuras y sistemas de drenaje, así como la demolición de edificaciones afectadas. Con esta serie de medidas, el Gobierno regional espera revitalizar la zona y mitigar los efectos negativos provocados por las obras de infraestructura.
