Durante una reciente visita a la Fundación Juan XXIII en el distrito de Vicálvaro, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha resaltado el compromiso de la región con la atención gratuita y especializada para personas con discapacidad. La Fundación, un pilar en la inclusión sociolaboral de personas en riesgo o con vulnerabilidad psicosocial durante más de 55 años, beneficia directamente a 4.000 personas y cuenta con 800 empleados.
El gobierno regional ha anunciado una inversión de 250.000 euros destinada a impulsar una nueva iniciativa que busca apoyar a personas con trastorno del espectro autista. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una vivienda donde los beneficiarios puedan desarrollar habilidades y hábitos cotidianos que les permitan alcanzar autonomía plena.
La nueva residencia pública será pionera en Madrid, complementando el piso formativo existente en la Fundación Juan XXIII. Esta vivienda ofrece talleres de cocina, limpieza y cuidado personal como preparación para la vida independiente. Además, la Fundación gestiona cinco viviendas tuteladas donde continua el entrenamiento para lograr la vida autónoma.
La Comunidad de Madrid destina 6,5 millones de euros anuales a la Fundación Juan XXIII, financiando 289 plazas en su centro ocupacional, de día y de rehabilitación laboral. Los fondos también apoyan programas de empleo, ocio, deporte, vida autónoma, educación especial y aulas estables.
En el ámbito educativo, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha ampliado la capacidad del colegio de Educación Especial Juan XXIII-Buenafuente con 12 nuevas plazas. Ubicado en Chamartín, este centro promueve la inclusión plena mediante actividades dentro y fuera del aula, como educación combinada y prácticas laborales.
La Comunidad de Madrid está implementando un nuevo registro de voluntades para personas con discapacidad y sus familias, asegurando que los planes de vida queden registrados para su tranquilidad. Esta medida busca garantizar una vida digna y plena, especialmente cuando los progenitores ya no puedan acompañar a sus familiares.
Además, se prevé la creación de unidades específicas para personas mayores con hijos con discapacidad en nuevas residencias, facilitando la convivencia y el mantenimiento del vínculo afectivo.
Por último, con una inversión de 11,5 millones de euros, se transformará la antigua Residencia Fray Bernardino de Carabanchel, que albergará la primera residencia pública para personas con discapacidad intelectual en fase de envejecimiento prematuro. La instalación contará con 70 plazas distribuidas en cinco unidades de convivencia para el año 2025. Esta iniciativa refleja el ideario del gobierno regional de fomentar entornos adaptados que promuevan la autonomía y el bienestar de las personas con discapacidad.
