Ecopetrol, la principal empresa estatal de Colombia, enfrenta una nueva crisis financiera tras la exigencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de pagar 9,4 billones de pesos en IVA por la gasolina importada entre 2022 y 2024. Esta suma, que equivale a más de 2.000 millones de dólares, es parte del esfuerzo del gobierno para ajustar sus cuentas fiscales ante la caída del recaudo tributario. Como respuesta, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de Ecopetrol, se ha pronunciado en contra de la medida, señalando que la DIAN intenta incautar los recursos que la empresa necesita para inversión en exploración y producción. Las acciones de Ecopetrol en la bolsa cayeron un 2,3% tras el anuncio.
El cobro podría afectar gravemente a la empresa, cuya utilidad en 2024 ya ha caído un 21,7% debido a factores externos como la baja en los precios de los hidrocarburos. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, advierte que si se extiende la medida a las importaciones de diésel, el impacto financiero sería devastador, despojando a la compañía de su presupuesto de inversión y elevando los costos al consumidor. Mientras el sindicato insta a acciones legales, la dirección de Ecopetrol, encabezada por Ricardo Roa, aún no se ha manifestado. En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro ha propuesto diversificar las operaciones de la empresa hacia energías limpias e inteligencia artificial, sugiriendo la compra de la venezolana Monómeros para incentivar el sector agrícola con fertilizantes más baratos. La situación mantiene en vilo el futuro de una de las empresas más importantes del país.
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