El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si los estudiantes implicados en las protestas propalestinas en los campus universitarios han violado la legislación antiterrorista. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado las acciones al revocar visas y detener a estudiantes involucrados en manifestaciones consideradas ilegales por la administración de Trump. Recientemente, Leqaa Kordia, una estudiante de origen cisjordano en la Universidad de Columbia, fue detenida por agentes federales por exceder el plazo de su visado. Aunque su visa había sido rescindida por falta de asistencia a clases, su detención se produce tras su participación en protestas propalestinas. Asimismo, la visa de Ranjani Srinivasan, estudiante india de doctorado, fue revocada por presunta «apología de la violencia y el terrorismo», llevándola a optar por la autodeportación. Estas medidas reflejan una escalada en la represión de manifestaciones relacionadas con el conflicto en Gaza, mientras crece la presión sobre estudiantes internacionales en Columbia.
La ofensiva de la administración republicana se enmarca en una orden ejecutiva firmada por Trump para combatir el antisemitismo, que ha permitido intensificar el escrutinio de los estudiantes extranjeros que han manifestado simpatías propalestinas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado que esperan revocar más visas estudiantiles en los próximos días, cuestionando la buena fe de quienes han ingresado al país con dicho estatus. Este ambiente de tensión se ha intensificado en el campus de la Universidad de Columbia, especialmente tras la detención de Mahmoud Khalil, un activista palestino influyente en las protestas y residente legal en EE. UU. La detención de Khalil, junto con el aumento de las visitas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a residencias estudiantiles, ha generado preocupación y temor entre los estudiantes internacionales, en un momento en que las universidades se enfrentan a renovados desafíos en la protección de los derechos de libre expresión y protesta.
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