La situación en Oaxaca ha tomado un nuevo giro con la detención de dos miembros de la Fiscalía estatal implicados en la desaparición forzada de jóvenes provenientes de Tlaxcala. El comandante Miguel Ángel ‘N’ y el ministerio público Óscar Armando ‘N’ fueron arrestados debido a su presunta participación en este crimen, que ha conmocionado a la región. Los hechos se originaron cuando diez jóvenes desaparecieron entre Huatulco y Zipolite, con nueve de ellos apareciendo sin vida en un vehículo a 400 kilómetros de distancia. La investigación ha revelado testimonios de sobrevivientes y hallazgos como una red de cámaras clandestinas, complicando así la interpretación del evento en un paraíso turístico ahora marcado por la violencia y la inseguridad.
A medida que las investigaciones avanzan, la Fiscalía ha tenido que responder por estos acontecimientos, inicialmente atribuyendo la tragedia a disputas entre grupos criminales. La captura de L. E. S. V., quien viajaba con el grupo y relató el posible modus operandi de las víctimas, añadió un nivel de complejidad a la situación, sugiriendo que los jóvenes estuvieron vinculados a actividades delictivas. No obstante, la duda persiste en cuanto a la implicación estatal en estos actos, reflejando una preocupante opacidad y la capacidad del crimen organizado para operar con impunidad en la región. Si bien las autoridades aseguran la legalidad de las detenciones y la riqueza de pruebas recabadas, la falta de claridad sobre la intervención de agentes del Estado sigue levantando críticas y demandas de justicia en una comunidad todavía abrumada por el dolor y la incertidumbre.
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