En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dictó un fallo histórico que protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al determinar que penalizar el aborto es inconstitucional. Aunque este fallo prometía avanzar hacia una uniformidad en la legislación mexicana, la realidad sigue mostrando una disparidad en la implementación de estas medidas en diferentes estados. A principios de octubre de 2021, Jalisco y Michoacán se unieron a los estados que acatan esta sentencia de la Corte, despenalizando el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, en estados como Aguascalientes y el Estado de México, las mujeres enfrentan serios obstáculos para acceder a estos derechos, desde médicos que se niegan a proporcionar atención hasta legislaciones restrictivas que imponen límites más estrictos que los recomendados por tribunales nacionales. Aguascalientes, por ejemplo, despenalizó el aborto para después establecer un límite de tan solo seis semanas.
El avance hacia la despenalización del aborto en México no solo refleja esfuerzos locales, sino que está en dirección de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, quienes afirman que el acceso seguro al aborto es crucial para la equidad de género y la protección de los derechos humanos. La criminalización del aborto, además de exponer a las mujeres a procedimientos inseguros, atenta contra su autonomía y perpetúa la desigualdad de género. Alrededor de 25 millones de abortos inseguros ocurren globalmente cada año, con peligros significativos para la salud y la vida de las mujeres, principalmente aquellas de bajos recursos que recurren a prácticas clandestinas. A pesar del fallo federativo que establece que instituciones como el IMSS y el ISSSTE deben proporcionar servicios de aborto, la falta de un consenso legislativo a nivel estatal en México crea una brecha significativa en el acceso a la salud reproductiva, dejando a muchas mujeres y personas gestantes sin una atención adecuada y segura.
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