En la capital española, las autoridades han desmantelado una red criminal que explotaba a mujeres, obligándolas a transportar y distribuir drogas entre clientes en diferentes sectores de la ciudad. La operación, que ha salido a la luz gracias a un esfuerzo conjunto de los cuerpos de seguridad del Estado, reveló que las mujeres, muchas de ellas en situaciones vulnerables, eran coaccionadas para llevar estupefacientes como parte de un perverso negocio que mezclaba explotación y narcotráfico. En caso de no cumplir con las exigencias de sus explotadores, enfrentaban multas y represalias, intensificando su situación de sometimiento.
El modus operandi de esta organización incluía un control estricto y sistemático sobre las mujeres, quienes debían seguir instrucciones específicas para evitar que las autoridades las descubrieran. Esta estructura de poder mantenía a las víctimas en una continua situación de miedo e inestabilidad, dificultando cualquier intento de escape. La intervención policial no solo ha puesto fin a estas prácticas, sino que también busca brindar apoyo y asistencia a las mujeres liberadas, mientras se persigue judicialmente a los responsables de estas atrocidades. Este caso subraya, una vez más, la necesidad de medidas más efectivas para combatir la trata de personas y el narcotráfico, así como la protección de los derechos humanos de las mujeres.
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