La reciente publicación de un informe conjunto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que persisten en el ámbito de la salud en América Latina y el Caribe. Este documento revela que la mortalidad materna presenta una preocupante disparidad, pues las tasas son más de siete veces superiores entre las mujeres de los sectores más pobres, en comparación con aquellas que pertenecen a los segmentos más acomodados de la población.
El estudio, publicado este lunes, también destaca el riesgo desproporcionado al que se enfrentan los niños menores de cinco años provenientes de entornos menos favorecidos, quienes presentan una probabilidad 4,5 veces mayor de morir que los pequeños de familias con mayores recursos económicos. A esta situación se suma que las enfermedades crónicas complican aún más el panorama, ya que las personas de menores ingresos tienen un 46% más de probabilidades de fallecer por estas causas entre los 30 y 69 años.
El informe de 2019 analizado en el estudio señala que las carencias en el acceso a agua potable, un saneamiento adecuado y condiciones de higiene incrementan la mortalidad casi seis veces en el quintil de ingresos más bajos. Esta realidad subraya la necesidad urgente de incrementar el gasto público en salud, que alcanzó solo un 4,5% del PIB en 2021, una cifra insatisfactoria frente al mínimo del 6% sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los organismos internacionales hacen un llamado enfático a los países para que prioricen la salud en sus políticas. A día de hoy, solo el 61% del gasto total en salud proviene de fondos públicos, dejando una carga significativa sobre los hogares. En al menos 11 países, los pagos directos de los ciudadanos cubren más del 35% del costo de salud.
Según el director de la OPS, Jarbas Barbosa, casi tres de cada diez personas en la región no cuentan con la atención médica adecuada, lo que resalta la necesidad de invertir «más y mejor» en la infraestructura, el capital humano y las tecnologías de salud. En línea con esta visión, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, insistió en la urgencia de abordar los problemas de financiamiento y fragmentación de los sistemas de salud, promoviendo un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, que garantice la protección social y el bienestar de todos los ciudadanos.
La brecha en la calidad y el acceso a los servicios de salud no solo es una cuestión de justicia social, sino que también representa un desafío significativo para el desarrollo sostenible en la región. Incrementar la inversión y asegurar una distribución equitativa de los recursos se perfila como un asunto crucial en las agendas gubernamentales, si se aspira a construir sociedades más igualitarias y resilientes.
