El marco legislativo y administrativo en España ha configurado un entorno para la arqueología que se rige bajo la máxima de «quién destruye paga». Esta premisa ha llevado a promotores inmobiliarios y constructoras a incursionar en el campo de la arqueología preventiva, que ha sido en gran medida convertida en paliativa. Bajo esta normativa, los daños ocasionados en el patrimonio arqueológico no se consideran simplemente como un gasto, sino como una inversión dentro del negocio inmobiliario. En este contexto, el arqueólogo comercial se ha visto reducido a un simple agente especializado en liberar suelo urbanizable y generar plusvalías.
El sector de la arqueología en España sufre una profunda desregulación, marcada por la ausencia de un convenio regulador estatal y la existencia de una diversa gama de convenios provinciales y sectoriales. Esta falta de regulación adecuada ha transformado la actividad en una profesión burocratizada, deshumanizada, fuertemente politizada y oculta de la vista del público general, además de ser despreciada por la Academia.
El ámbito arqueológico en el país es altamente liberalizado, permitiendo a las empresas operar casi sin restricciones en cuanto a derechos laborales y gestión del patrimonio. Esto ha generado condiciones de precariedad y explotación laboral, caracterizadas por bajos salarios, falta de reconocimiento de las categorías laborales, temporalidad en los empleos y la prevalencia del fraude de ley mediante la figura del falso autónomo, que se ha vuelto casi intrínseca a estas empresas.
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) Comarcal Sur de Madrid y su Coordinadora de Arqueología han destacado la necesidad de una mayor conciencia de clase y una mejor organización sindical dentro del sector. Según la CNT, no solo es vital alcanzar pequeños objetivos a corto plazo, sino también transformar las relaciones laborales en su totalidad.
CNT ha tenido presencia activa en eventos relevantes del sector, como las XV Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA), que se celebraron en la Universidad Autónoma de Madrid en septiembre de 2024. En estas jornadas, se discutieron diversos temas relacionados con la situación actual del sector y se buscaron vías para mejorar las condiciones laborales y de investigación en la arqueología española.
La realidad muestra que sin una regulación adecuada y una organización sindical fuerte, el sector de la arqueología continuará siendo víctima de la explotación y la precariedad. Estos serán los retos principales a enfrentar para aquellos que buscan un futuro más justo y sostenible para los profesionales de este campo.
Fuente: CNT
