El aborto en España continúa siendo un tema de intenso debate político, pese a no figurar entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según las encuestas del CIS. La discusión se centra en la confrontación ideológica entre la izquierda y la derecha, mientras el sistema sanitario enfrenta desafíos relacionados con la prestación de este servicio. A pesar de que el procedimiento funciona razonablemente bien, existen denuncias sobre la falta de cumplimiento de la ley por parte de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. La falta de registros de objetores de conciencia en Madrid y la inequidad en el acceso al servicio en diversas regiones, incluidas Ceuta y Melilla, complica el escenario, obligando a muchas mujeres a salir de sus comunidades para acceder al aborto.
Las interrupciones voluntarias del embarazo en España dependen en gran medida de la red privada, con el 78,7% realizándose en estos centros. Aunque el método farmacológico está ganando terreno por su eficacia y menor demanda de recursos, algunas mujeres como María han reportado experiencias traumáticas al usarlo. El proceso, frecuentemente realizado en casa sin seguimiento médico constante, no siempre es la opción óptima para todas. Además, el estigma, junto a barreras geográficas y administrativas, agrava la situación para aquellas en provincias sin clínicas que ofrezcan el servicio. La falta de opciones públicas suficientes a menudo deja a las mujeres en situaciones vulnerables, como lo evidenció el caso de una médica en Madrid a la que se le negó un aborto terapéutico.
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