La jueza Nuria Ruiz Tobarra, de Catarroja, Valencia, ha desencadenado un terremoto político con su investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre, que dejó 229 muertos. Las resoluciones dictadas por Ruiz Tobarra están sacudiendo al gobierno de la Comunidad Valenciana, encabezado por Carlos Mazón. La Generalitat ha sostenido que la falta de información oportuna de organismos como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) influyó en su respuesta tardía. Sin embargo, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, pintó un cuadro de caos y falta de preparación durante su declaración en el juzgado, revelando incluso que Mazón intervino tarde en la crisis, después de un largo almuerzo, mientras la tragedia ya avanzaba.
La gestión de la exconsejera Salomé Pradas también está bajo escrutinio. Un vídeo del Cecopi, que muestra a Pradas involucrada en el retraso del envío de alertas, contradice su alegato de desvinculación de las decisiones tomadas. La negativa del canal À Punt de entregar esta grabación ha generado críticas, y la jueza presiona por su inclusión en la causa. Mientras las pruebas y testimonios acumulados por Ruiz Tobarra cuestionan la narrativa oficial, Mazón, por su posición aforada, sólo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, si así lo decide la magistrada. El panorama legal se convierte en un desafío político para Mazón, quien hasta ahora ha evitado declarar voluntariamente como investigado.
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