Durante un periodo de prueba de un año, ni la administración pública ni las empresas privadas estarán obligadas a adoptar el nuevo formato digital propuesto, lo que les permitirá disponer de este plazo para realizar las adaptaciones necesarias. Esta decisión busca ofrecer un margen de maniobra tanto a organismos gubernamentales como a entidades privadas para ajustar sus procedimientos internos y tecnología sin la presión de cumplir con una fecha límite inmediata. La medida está diseñada para facilitar una transición más fluida y minimizar cualquier impacto negativo inmediato que podría surgir de la implementación apresurada de nuevas normativas digitales.
El Ministerio ha subrayado la importancia de esta fase de ajuste, señalando que el paso al formato digital es inevitable, pero debe realizarse de manera ordenada y estratégica. En este sentido, se espera que tanto las instituciones públicas como el sector privado aprovechen este año de gracia para evaluar los cambios necesarios, invertir en infraestructura tecnológica cuando sea necesario y capacitar al personal. Se enfatiza que este enfoque escalonado no solo beneficiará a las entidades implicadas sino que también asegurará que la implementación del formato digital sea eficiente y efectiva en el largo plazo, evitando así inconvenientes mayores.
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