En España, la problemática de la okupación de viviendas continúa siendo un tema de preocupación para propietarios que se enfrentan a largos procesos legales para recuperar sus propiedades. La ley actual complica la situación al establecer distinciones entre usurpación y allanamiento, lo que a menudo ralentiza el retorno de la vivienda a sus legítimos dueños. Sin embargo, existen ciertas estrategias legales que los propietarios pueden emplear para proteger su patrimonio y acelerar la recuperación de su hogar. Abogados y especialistas recomiendan tomar medidas inmediatas si se sospecha que una propiedad está en riesgo de ser okupada, con el fin de asegurar un desalojo en un plazo de 48 horas.
Uno de los mecanismos más efectivos y rápidos para recuperar una vivienda recién okupada es actuar dentro de las primeras 48 horas posteriores a la intrusión. Durante este periodo, si se detecta la presencia de okupas y se notifica a la policía, los agentes pueden llevar a cabo un desalojo sin necesidad de una orden judicial al tratarse de un delito flagrante. Para prevenir la okupación, se recomienda la instalación de sistemas de alarma que alerten de intrusiones inmediatamente. Estos dispositivos sirven no solo como medida de aviso sino también de disuasión y están vinculados directamente a centrales que facilitan la intervención policial rápida. Además, contar con vecinos o personas de confianza que vigilen la propiedad puede ser crucial para evitar consecuencias legales prolongadas y costosas.
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