Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución coactiva en la localidad de Móstoles, Madrid. La operación culminó con la detención de siete personas y la liberación de 18 mujeres que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y bajo condiciones inhumanas en un chalet utilizado como prostíbulo.
La investigación policial se inició en octubre de 2025, luego de que una mujer acudiera al Hospital Universitario de Villalba para denunciar haber sido víctima de explotación sexual. Los agentes recopilaron testimonios que revelaron las condiciones en las que estas mujeres vivían y trabajaban desde su llegada a España. La organización explotaba a las víctimas en un inmueble en Móstoles, donde dormían hacinadas en un sótano, compartiendo una única baño y vigiladas constantemente mediante cámaras y grabaciones, incluso mientras dormían o se vestían.
Las víctimas estaban sometidas a un control exhaustivo: debían permanecer disponibles las 24 horas del día para atender clientes y sólo estaban autorizadas a salir del domicilio durante dos horas diarias, previa autorización. Además, debían pagar la mitad de sus ganancias a los responsables de la red y, en caso de incumplir las normas, sufrían sanciones económicas, amenazas o expulsión, lo que implicaba la pérdida de la fianza entregada al ingresar.
Uno de los aspectos más vergonzosos de la organización era la elaboración de anuncios sexuales que mostraban a las víctimas en fotos retocadas digitalmente. Las cabecillas obligaban a las mujeres a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas, todo ello con la colaboración de al menos dos hombres que se encargaban de editar las contenidos y gestionar las páginas web de contactos donde se publicaban los servicios.
Otro mecanismo utilizado para mantener el control fue la gestión del consumo de drogas, principalmente cocaína y potenciadores sexuales. Tanto los clientes como las propias víctimas eran suministrados con estupefacientes, lo que generaba dependencia y aumentaba las deudas contraídas con la organización.
Durante la operación, los agentes incautaron en el inmueble 10.000 euros en efectivo, varias dosis de cocaína y marihuana, así como documentación, teléfonos móviles y equipos informáticos y fotográficos que servían para la distribución y promoción de los servicios. Todo esto fue clave para desmantelar el entramado empresarial con al menos cuatro compañías vinculadas, ocultando la actividad delictiva bajo apariencias legales.
Las diligencias culminaron en una entrada y registro a principios de febrero de 2026, que permitió la detención de los responsables y la liberación de las mujeres, muchas de ellas atendidas posteriormente por organizaciones no gubernamentales especializadas en el apoyo a víctimas de trata.
La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que está disponible la línea telefónica 900 105 090 y la dirección de correo electrónico [email protected] para denunciar de manera anónima y confidencial cualquier indicio de trata o explotación sexual. La colaboración ciudadana sigue siendo fundamental en la lucha contra estos delitos y en la protección de las víctimas.
Por el momento, las autoridades continúan investigando las redes implicadas y reforzando las medidas para erradicar la trata y la explotación sexual en la región.
Fuente: Ministerio del Interior
