Una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal que operaba en diversas clínicas de medicina estética en España con productos sanitarios y medicamentos ilegales. La red distribuía toxina botulínica y otras sustancias importadas de Corea del Sur, sin pasar los controles sanitarios de Europa y España.
Como resultado del operativo, cuatro personas han sido detenidas y otras 41 investigadas por delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal. Las intervenciones se han llevado a cabo en Alicante, Málaga, Madrid, Cádiz, Murcia, Córdoba y Sevilla.
Clínicas clandestinas y falta de control sanitario
La operación, denominada ‘Botul/Kalopsia’, se inició en 2023 tras detectarse que clínicas clandestinas estaban ofreciendo tratamientos estéticos sin contar con profesionales titulados. Algunas de estas clínicas promocionaban sus servicios en redes sociales, lo que llevó a las autoridades a investigar el origen de los productos utilizados.
Durante la investigación, se descubrió que la organización importaba medicamentos y productos sanitarios desde Corea del Sur, camuflándolos con falsas declaraciones de contenido para evitar su detección en aduanas. Posteriormente, los almacenaban y distribuían a clínicas sin licencia y a individuos sin cualificación médica.
Además, se detectaron envíos de estos productos a Portugal y una red internacional de cuentas bancarias para ocultar los beneficios obtenidos ilegalmente.
Registros en clínicas y decomiso de medicamentos ilegales
En la fase final de la operación se realizaron cuatro registros domiciliarios en San Pedro de Alcántara (Málaga), Torrevieja (Alicante) y Cartagena (Murcia), además de 24 inspecciones en clínicas clandestinas en Cádiz, Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Alicante.
Como resultado, se incautaron 700 viales de toxina botulínica, 275 viales de hialuronidasa, 200 envases de lidocaína y más de 1.000 jeringuillas precargadas de ácido hialurónico, así como maquinaria especializada para tratamientos con plasma rico en plaquetas.
Estos productos no contaban con trazabilidad, certificación de calidad ni condiciones de conservación adecuadas, lo que ponía en riesgo la salud de los pacientes.
Denuncias por daños en pacientes
A pesar de la desarticulación de la red, las autoridades siguen recabando denuncias de personas afectadas por los tratamientos realizados con estas sustancias ilegales. En algunos casos, se han reportado secuelas graves tras la aplicación de estos productos por personal sin cualificación médica.
Colaboración de entidades sanitarias y académicas
La operación ha contado con la participación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, las inspecciones de farmacia de Madrid y Andalucía, y la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).
Además, diversas universidades, como la Universidad Católica de Murcia (UCAM), la Universidad San Pablo CEU de Madrid y la Facultad de Farmacia de Granada, han colaborado en análisis y asesoramiento técnico sobre los productos incautados.
Las autoridades han recordado la importancia de acudir a centros médicos acreditados y de no someterse a tratamientos estéticos sin garantías sanitarias, ya que el uso de productos no regulados puede conllevar graves riesgos para la salud.
