El ejército y la policía de Colombia, con el apoyo de la DEA, desmantelaron un depósito y fábrica de explosivos en Usme, al sur de Bogotá, atribuido al Frente de Guerra Urbano del ELN. La operación culminó con la captura de dos personas y el decomiso de un arsenal que incluía municiones, lanzagranadas y componentes para artefactos explosivos improvisados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, vinculó el hallazgo con las próximas elecciones al Congreso, sugiriendo la posibilidad de acciones terroristas durante la jornada electoral. Según el comunicado oficial, el material incautado pudo haber sido utilizado para fabricar más de 70 explosivos, lo cual representa una amenaza directa para la población civil.
Sin embargo, Kyle Johnson, director de investigaciones de la Fundación Conflict Responses, cuestionó la relación entre los explosivos y un posible atentado en Bogotá, sugiriendo que podrían estar destinados a la ruralidad. El análisis histórico del ELN muestra una presencia urbana con roles logísticos y políticos, y una capacidad militar disminuida tras la desarticulación de su red de milicianos urbanos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Bogotá se encuentra en riesgo extremo de violencia política, según la Misión de Observación Electoral, que destaca la fragilidad de las garantías para los candidatos y alerta sobre el peligro de fraude o violencia en los puestos de votación. Además, Iris Marín, defensora del Pueblo, alertó sobre la incidencia electoral de grupos como el Clan del Golfo y El Tren de Aragua, que disputan cada vez más el control territorial en la capital.
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