En los últimos meses, diversos condados de Florida han sido escenario de investigaciones policiales debido a denuncias de fraude vinculadas a la Enmienda 4, que se presentará en las urnas en noviembre. Esta enmienda busca proteger el derecho al aborto en la constitución estatal y es una respuesta a la Ley del Latido, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, que restringe el aborto a la sexta semana de gestación sin excepciones significativas. La campaña en favor de la enmienda ha logrado recolectar un millón de firmas, validadas por los supervisores electorales y ratificadas por el Tribunal Supremo del Estado. Sin embargo, acciones recientes del gobierno estatal, como la inclusión de una declaración de impacto financiero en la papeleta y la investigación de presuntas firmas fraudulentas, han sido percibidas por los defensores de la enmienda como una tentativa de socavar el proceso democrático.
Floridians Protecting Freedom y otras organizaciones pro-aborto han intensificado sus esfuerzos para promover la Enmienda 4, recaudando 12 millones de dólares y educando a los votantes sobre los riesgos que entraña la prohibición actual. Según las encuestas, el apoyo ciudadano oscila entre el 55% y el 69%, lo que sugiere que podría obtener la mayoría necesaria para convertirse en ley. Mientras tanto, el gobernador DeSantis y otras autoridades han emprendido medidas consideradas intimidatorias por los defensores de la enmienda, como el uso de fondos públicos para difundir información en contra de la misma, lo cual ha generado varias acciones legales. Entre las implicaciones de esta disputa, destaca su potencial impacto en las elecciones locales y nacionales, una realidad que pone nuevamente a Florida en el centro del debate político en torno al derecho al aborto.
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