Esta mañana, en Madrid, se ha ejecutado el desahucio de Amparo Espino, quien forma parte del creciente número de personas que enfrentan la pérdida de su vivienda debido a la imposibilidad de pagar el alquiler o la hipoteca. A sus casi 70 años y con un 39% de discapacidad, Amparo tuvo que dejar su casa en Vallecas tras años de dificultades económicas agravadas por una serie de problemas médicos, que incluyeron un cáncer y un infarto. La situación refleja un aumento preocupante en el número de desahucios en España, con seis personas diarias siendo desalojadas solo en la capital, mientras el país enfrenta una crisis habitacional que no cesa.
Amparo se ha visto obligada a hacer frente a su desalojo sin acuerdo posible con la propietaria del inmueble, quien adquirió el piso como vivienda de protección oficial y asegura que Amparo no es vulnerable. Las tensiones aumentaron cuando la policía y un secretario judicial llegaron para ejecutar el desalojo, mientras miembros de la Plataforma Antidesahucios de Vallecas protestaban en el lugar. Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de viviendas públicas y la especulación inmobiliaria, en un contexto en el que muchos demandan cambios para que el acceso a la vivienda no sea tratado como un bien meramente comercial.
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