En España, la compraventa de viviendas que han sido escenario de crímenes o sucesos trágicos no tiene ninguna regulación legal que obligue a los propietarios a informar a los compradores sobre estos antecedentes. Sin embargo, el mercado inmobiliario sí castiga a estas propiedades, que suelen venderse a precios significativamente reducidos, alcanzando descuentos de entre un 15% y un 50%. Este fenómeno se ejemplifica con casos como el del chalé en Teo, A Coruña, donde la muerte de Asunta Basterra ha impedido la venta a pesar de ofertas muy bajas. En Majadahonda, Madrid, una casa donde ocurrió un macabro doble homicidio fue finalmente vendida tras diez años desde el crimen, notoriamente por debajo del precio de mercado. Estas situaciones ponen a prueba la habilidad del sector inmobiliario para superar los prejuicios asociados a tales propiedades, a menudo recurriendo a técnicas como el «home staging» para transformar y revitalizar su imagen.
Mientras la normativa española carece de obligaciones específicas sobre la divulgación de este tipo de información en las transacciones inmobiliarias, la ética profesional y las estrategias de venta juegan un papel crucial. Algunos agentes inmobiliarios optan por ser transparentes con los potenciales compradores, como fue el caso de una vivienda en Segovia donde se informó de su pasado polémico, logrando su alquiler rápidamente tras una reducción de precio. Este dilema entre la confidencialidad y la transparencia afecta también a otros mercados internacionales. En Estados Unidos, pese a no existir leyes explícitas que obliguen a divulgar antecedentes trágicos, servicios como «Died in House» permiten a los compradores investigar el historial de muertes en las propiedades de su interés. Esta falta de regulación no impide que sucesos mediáticos, como el asesinato de los Menéndez en Beverly Hills, afecten considerablemente el valor de las propiedades, destacando la influencia persistente de los crímenes notorios en el mercado inmobiliario internacional.
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