En las últimas décadas, el debate sobre el papel del sector público ha cobrado gran relevancia, especialmente en los países desarrollados. Esto ha llevado a cambios significativos en políticas, como la privatización de empresas estatales y la implementación de reglas fiscales. No obstante, la crisis financiera de la Gran Recesión, el terrorismo internacional, conflictos bélicos imprevistos y la pandemia de COVID-19 han resaltado la necesidad de herramientas gubernamentales de respuesta rápida y efectiva ante situaciones extremas. Además, se ha generado un nuevo consenso sobre la importancia de combinar la globalización con medidas que garanticen la autonomía estratégica y aborden desafíos planetarios como el cambio climático. Este contexto ha fortalecido el rol del sector público a pesar de las tendencias liberales que abogaban por su reducción.
España, en particular, se enfrenta a una agenda pendiente de reformas en el sector público, afectada intensamente por estos asuntos. Se requiere una revisión del sistema fiscal para mejorar la eficiencia del gasto público y atender demandas en defensa, vivienda e I+D+i. A nivel institucional, es necesario rediseñar el modelo de descentralización para asegurar la sostenibilidad fiscal y recuperar margen presupuestario. Además, la eficiencia de las administraciones públicas españolas sigue siendo inferior a la media europea, limitando el impacto del gasto. Los desafíos demográficos y climáticos agravan la situación, haciendo urgente una redistribución eficaz de recursos para fomentar la sostenibilidad económica. El éxito de estas reformas demandará un consenso político amplio, vital para guiar a España hacia un crecimiento sostenible y equitativo.
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