La monitorización electrónica (EM) se ha presentado en muchos procesos penales como una alternativa más «humana» al encarcelamiento. Sin embargo, en la práctica, esta tecnología ha demostrado ser tan punitiva como la prisión en varias ocasiones. Inicialmente concebida para mejorar la seguridad pública y reducir la población carcelaria, la EM se ha convertido, cada vez con más frecuencia, en un requisito para la libertad condicional, provisional, vigilada e incluso para detenciones civiles. No obstante, su implementación plantea serias preocupaciones sobre la libertad, privacidad y el debido proceso para quienes son monitorizados y sus entornos.
Los dispositivos de monitorización transforman los hogares en cárceles digitales. Imponen restricciones severas como zonas de exclusión y toques de queda, que pueden derivar en arrestos por violaciones técnicas, tales como fallos de batería o problemas de señal GPS. Esto crea un entorno complicado para la reintegración social. Las repercusiones psicológicas y el estigma social son especialmente significativos para las poblaciones vulnerables.
Con el avance de la tecnología, los dispositivos han evolucionado desde voluminosos aparatos en el tobillo a relojes inteligentes y aplicaciones móviles. La pandemia de COVID-19 aceleró su adopción, con algunos jueces extendiendo su uso durante la crisis sanitaria, lo que llevó a una escasez de dispositivos en ciertas jurisdicciones.
Ante el aumento de personas bajo EM, los abogados defensores juegan un papel crucial en el cuestionamiento de esta tecnología. Desafiar la constitucionalidad de los programas de EM y presentar casos individuales sobre su uso en libertad bajo fianza son estrategias comunes. La Cuarta Enmienda, que garantiza derechos relacionados con la privacidad, se ha visto amenazada por la invasividad progresiva de EM.
Algunos casos recientes han subrayado la necesidad de una revisión constitucional detallada de estas tecnologías. Los defensores también argumentan que la falta de audiencias adecuadas y la implantación de EM sin evaluaciones personalizadas infringen el debido proceso. Además, las tarifas asociadas a estos dispositivos son una carga económica sobre los clientes más vulnerables.
Las leyes estatales, que en ocasiones ofrecen mayores protecciones que las federales, permiten a los abogados desafiar las condiciones de EM que vulneran derechos fundamentales. Sin la supervisión adecuada, la tecnología puede generar alertas de violación falsas, complicando aún más la situación.
En resumen, para combatir eficazmente la monitorización electrónica, es esencial que los abogados mantengan un registro detallado y presenten argumentos sólidos ante instancias superiores. La evolución del entorno penal desafía a los defensores a ser proactivos, protegiendo los derechos de sus clientes y denunciando las deficiencias de un sistema que depende cada vez más de la vigilancia electrónica.
