La reciente evaluación económica revela que la capacidad para obtener beneficios en España se sitúa un 16,3% por debajo del promedio de los países de la OCDE, reflejando un reto significativo para las empresas nacionales en comparación con sus homólogas internacionales. Este dato subraya problemas estructurales y de competitividad que han sido difíciles de resolver, a pesar de los esfuerzos para revitalizar la economía. Diversos factores, como la presión fiscal, los costos laborales y las barreras regulatorias, contribuyen a este desfase, complicando las metas de crecimiento empresarial y afectando la capacidad de atraer inversiones extranjeras.
La situación demanda medidas políticas y reformas económicas que impulsen la productividad y reduzcan las cargas que enfrentan las empresas. Analistas sugieren que mejorar el entorno empresarial y fomentar la innovación podrían ser claves para cerrar esta brecha con los países más avanzados. Sin embargo, las reformas necesarias requieren voluntad política y consenso social, lo cual a menudo se traduce en un proceso lento y complicado. La competitividad, en este contexto, no solo es esencial para las empresas, sino también crucial para el fortalecimiento de la economía nacional a largo plazo.
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