Erika Córdova, candidata a jueza penal en el sureste de Jalisco, enfrenta un entorno hostil al competir en las inéditas elecciones judiciales del 1 de junio en México, donde se elegirá a más de 2,500 impartidores de justicia por voto popular. El encuentro con un joven que le ofreció supuestos «6,000 votos» vinculados a un líder criminal, le evidenció el riesgo que implica su candidatura. Mientras, expertos señalan que el crimen organizado no se ha involucrado violentamente, pero advierten que el financiamiento y movilización de votos por parte de estos grupos es una amenaza latente no medible. La nueva dinámica electoral refleja el traslado de vicios políticos a la judicatura.
La candidatura de Roberto Posán, juez penal del Reclusorio Norte, también resalta la tensión entre seguridad e imagen pública. Posán describe los desafíos que implica salir a las calles para hacer campaña, y el riesgo que representa para jueces que manejan casos de alto perfil. Adoptar medidas de protección, como el uso de vehículos blindados, puede llamar la atención de la delincuencia, añade. Delia Quiroa, aspirante en Sinaloa, optó por evitar custodia para no atraer peligro, aunque la violencia sujeta sus actividades. Octavio Ramos, candidato en Veracruz, refleja la necesidad de coordinación local para acceder a zonas seguras. Los candidatos enfrentan la paradoja de promover sus propuestas mientras navegan en un entorno de inseguridad, lo que limita la difusión de información electoral, dejando a muchos ciudadanos en la ignorancia al momento de votar.
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