En un dramático giro de los acontecimientos, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, impuso brevemente la ley marcial, alegando una supuesta injerencia norcoreana para disfrazar lo que fue esencialmente una revuelta parlamentaria en su contra. Esta medida, que rememoró sombríos días de régimen militar en el país, duró apenas seis horas tras una decidida oposición de la Asamblea Nacional y un clamor popular que exigía el retorno de la democracia. El Partido Democrático, mayoritario en el parlamento, junto a sectores de su propio partido, acusó a Yoon de intentar dar un golpe de Estado, emplazando una lucha de poder que tuvo a los surcoreanos al borde del abismo político y social.
Los ciudadanos se congregaron masivamente en las calles, exigiendo el «impeachment» del presidente Yoon, cuya popularidad ya estaba en declive a causa de escándalos de corrupción. La presión ciudadana, sumada a los desacuerdos dentro del gobierno, obligó a Yoon a retractarse de su decisión. La intervención del Ejército, que había bloqueado la sede legislativa sin detener la sesión, mostró la posibilidad latente de confrontación, pero finalmente se contuvo sin recurrir a la violencia. Este episodio ha dejado un interrogante sobre el futuro político del presidente, que ahora enfrenta un posible juicio político por su intento de avasallar el proceso democrático. Mientras tanto, la comunidad internacional y especialmente Estados Unidos mantienen un ojo avizor ante la inestabilidad en un país clave para la región.
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