El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la propuesta presentada por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para distribuir el importe recaudado a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades entre las comunidades y ciudades autónomas, exceptuando el País Vasco y Navarra. Esta decisión implica un montante total de 334.768.670,94 euros, lo que significa un incremento del 13,37% en comparación con los fondos destinados en 2023.
El reparto de estos recursos, que asciende a casi 335 millones de euros, se fundamentará en 13 criterios objetivos establecidos en la metodología aplicada. Entre estos criterios destacan la población dependiente, la población en riesgo de pobreza y exclusión social, la dispersión poblacional, la tasa de envejecimiento y la tasa de discapacidad, entre otros factores clave.
El siguiente paso en el proceso será la revisión de la propuesta por parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una vez obtenida la aprobación correspondiente, las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar sus propias convocatorias de subvenciones.
Las entidades que podrán acceder a estas subvenciones serán principalmente organizaciones y asociaciones del Tercer Sector que cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias autonómicas. Este fondo busca proporcionar apoyo crucial a sectores vulnerables de la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas dependientes o en situación de riesgo.
La iniciativa subraya el compromiso del Gobierno con la redistribución de recursos de manera equitativa y basada en necesidades objetivas, asegurando que los fondos lleguen a las comunidades autónomas que más lo requieren. De este modo, se refuerza el tejido social y se aportan herramientas para el desarrollo sostenible y la inclusión social en España.
Fuente: Ministerio de Consumo
