En una respuesta decidida y urgente a la devastación causada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), el Gobierno de España, encabezado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha aprobado un Real Decreto Ley enfocado en la creación de una «Red de protección social». Esta iniciativa está destinada a paliar las consecuencias de la catástrofe climática que ha afectado a varias comunidades autónomas del país.
En el corazón de este plan se encuentra una asignación de 50 millones de euros destinados a los servicios sociales municipales de las áreas más afectadas. La intención, según ha explicado Bustinduy, es mitigar las situaciones de pobreza sobrevenida y los riesgos de exclusión social que han emergido tras el paso de la DANA. La medida busca garantizar que los servicios comunitarios tengan los recursos necesarios para responder adecuadamente a las necesidades urgentes de sus poblaciones.
El Decreto también prevé la concesión de 5 millones de euros a la Plataforma del Tercer Sector, que abarca a aproximadamente 28.000 entidades, incluyendo a Cruz Roja y Cáritas. Este apoyo es crucial para potenciar la capacidad de estas organizaciones en la distribución de ayudas y en su respuesta ante la emergencia, dado su destacado papel en la organización y activación de recursos sociales.
En un enfoque integral de protección, el Consejo General de Trabajo Social recibirá 700.000 euros para movilizar a su Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales en los municipios más afectados. Estos profesionales están operando en el terreno, brindando asistencia puerta a puerta a las personas más necesitadas.
El ministro Bustinduy ha abordado además aspectos clave relativos al consumo, estableciendo una regulación estricta para los servicios funerarios. La normativa impide que estos servicios ofrezcan precios más altos que los vigentes antes del 28 de octubre de 2024, asegurando así la equidad en el acceso a los servicios funerarios durante este periodo de crisis, evitando posibles abusos económicos en momentos de vulnerabilidad.
Rompiendo precedentes históricos, la nueva legislación introduce también subvenciones para protectoras de animales, una novedad significativa con una asignación de 390.000 euros. Estas ayudas buscan reparar las infraestructuras dañadas de las protectoras, las cuales son esenciales para el manejo sanitario y el bienestar animal en las zonas afectadas.
Finalmente, el decreto ofrece flexibilidad en los plazos de tramitación de subvenciones para proyectos del tercer sector que se hayan visto trastornados, ya sea por daños directos a sus instalaciones, afectaciones a su personal, o por la reasignación de esfuerzos hacia las labores de emergencia.
Con este paquete de medidas, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la protección social y el apoyo integral a las comunidades damnificadas, trazando un camino hacia la recuperación y el fortalecimiento del tejido social tras esta emergencia climática.
Fuente: Ministerio de Consumo
