El Consejo de Ministros, bajo la dirección del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dado luz verde este martes a la distribución del importe recaudado a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. Este reparto, que alcanza los 432.818.240,70 euros, representando un incremento del 15% respecto al año anterior, será destinado a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, excluyendo al País Vasco y Navarra, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La distribución de estos fondos sigue un conjunto de 13 criterios objetivos, entre los cuales se incluyen indicadores como la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial, y la proporción de familias monomarentales, entre otros. Además, se aseguran porcentajes fijos de financiación para regiones específicas: La Rioja recibirá un 1,02%, Ceuta un 0,80% y Melilla un 0,81%. Esta propuesta ahora requiere la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Las organizaciones del Tercer Sector de acción social que se ajusten a los requisitos de las convocatorias autonómicas serán las beneficiarias potenciales de estas subvenciones. En 2024, con una similar estructura de financiación, se apoyaron más de 10.000 proyectos, beneficiando a colectivos vulnerables como personas con discapacidad, el pueblo gitano, personas mayores, familias y la infancia.
Desde 2021, el mecanismo de distribución se basa en un acuerdo que divide los fondos en un tramo estatal del 20% y un tramo autonómico del 80%, recursos que son transferidos a las Comunidades Autónomas para que organicen sus propias convocatorias de subvenciones en línea con sus competencias. Este sistema, que inicialmente estaba concebido para durar cinco años y concluyó en junio, ha sido prorrogado gracias a los positivos resultados obtenidos, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2028. Esta extensión permite la continuidad de los programas en el 2029, garantizando un respaldo constante a las poblaciones más vulnerables a través de proyectos regionales y locales.
Fuente: Ministerio de Consumo
