Este martes, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto el evento «Atención temprana, un consenso de país», destacando la implementación de una iniciativa económica significativa del ministerio que lidera. Este presupuesto está orientado a fortalecer los servicios destinados a la atención de la infancia, específicamente de niños entre 0 y 6 años.
El protagonismo del acto se centró en el primer acuerdo marco estatal promovido por Derechos Sociales junto a Sanidad. Este acuerdo busca que los gobiernos autonómicos mejoren la atención temprana y actúen en un máximo de 45 días desde la detección de algún caso con riesgo evolutivo. El acuerdo fue rubricado a principios de año con la participación de diversas administraciones, incluyendo la intervención de Mónica García, ministra de Sanidad.
El consenso estatal, una novedad a nivel nacional, llega con una dotación de más de 42 millones de euros, provenientes del Fondo Social Europeo Plus. Estos fondos están destinados a que las Comunidades Autónomas puedan potenciar sus servicios de atención temprana, creando historias clínicas digitales y desarrollando planes de intervención individualizados. Este impulso también permitirá la capacitación de pediatras y maestros en la detección temprana de señales de alarma.
Se pretende además establecer una base de datos centralizada para registrar casos atendidos y facilitar el acceso a informes de seguimiento a familias y profesionales autorizados. Asimismo, se elaborarán informes integrados y se desarrollarán indicadores de calidad y rendimiento para medir la eficacia del sistema.
Bustinduy enfatizó que reducir los tiempos de espera es vital para mejorar la calidad de vida de los menores y sus familias, especialmente en la etapa crucial de 0 a 6 años. El ministro subrayó la importancia de actuar rápidamente para prevenir situaciones agravadas de discapacidad o dependencia.
El acto, culminado por la ministra de Sanidad, Mónica García, también contó con la participación de otros altos funcionarios del gobierno y representantes del sector. La atención temprana se está empezando a tratar como una política estatal integral, unificando esfuerzos de diversas administraciones.
El acuerdo incluye desarrollar una Red de Atención Temprana en las Comunidades Autónomas, además de normativas específicas para regular y coordinar estos servicios. La atención se adaptará a las realidades de cada niño y se enfocará en su entorno natural, promoviendo un enfoque biopsicosocial.
Los compromisos del consenso se estructuran en nueve líneas de acción que contemplan la planificación, mejora de calidad, coordinación interadministrativa, participación familiar, prevención y acceso igualitario a los servicios. Todo esto con la intención de asegurar una valoración integral y que los profesionales reciban formación continua, optimizando así la atención a la infancia en España.
Fuente: Ministerio de Consumo
