En un giro inesperado en las políticas migratorias en Estados Unidos, una jueza federal ha dictaminado que la Administración de Donald Trump no puede retirar de forma abrupta las protecciones a más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este fallo llega en medio de la controversia generada por la deportación ilegal del salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, quien ha sido enviado erróneamente a su país de origen. A pesar de que un tribunal estadounidense ordenó la suspensión de su deportación debido a los peligros que enfrentaría en El Salvador, el Gobierno de Trump se niega a revertir la decisión, calificando a Ábrego como un pandillero, a pesar de la falta de pruebas contundentes. El caso ha generado críticas, con el senador Chris Van Hollen instando a ambas naciones a ofrecer un debido proceso al salvadoreño.
La Casa Blanca, enfrentando críticas por ignorar el fallo judicial, ha anunciado su intención de apelar la decisión. El caso de Ábrego, junto a otros incidentes que involucran la deportación de presuntos miembros de bandas bajo una ley de 1798, ha encendido el debate sobre la legalidad y las implicaciones humanitarias de las políticas migratorias de la administración actual. La situación escaló con la visita del senador Van Hollen a El Salvador para verificar el estado de Ábrego, pero sin éxito en su intento de visitarlo en prisión. Van Hollen enfatizó la importancia de garantizar un debido proceso para todos los individuos, destacando que la legalidad del sistema judicial estadounidense está en juego en este asunto, prometiendo continuar abogando por el retorno de Ábrego a Estados Unidos.
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