La jueza federal Ángela Zamorano Herrera ha negado la petición de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo que significa que deberá cumplir su condena de nueve años en su totalidad, la cual concluye en abril de 2026. Duarte fue sentenciado por delitos de asociación delictuosa, desvío de recursos y lavado de dinero, convirtiéndose en un símbolo de la corrupción política dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante su mandato entre 2010 y 2016. A pesar de que la defensa argumentó que Duarte ha cumplido más del 70% de su condena, uno de los requisitos para la preliberación, la jueza dictaminó que al exgobernador aún le queda pendiente un proceso judicial por obstrucción de una investigación de desaparición forzada, motivo suficiente para rechazar su solicitud de preliberación.
La decisión llegó después de varias audiencias que se realizaron con cambios imprevistos en su programación y donde ambas partes presentaron sus argumentos. La defensa de Duarte, dirigida por Pablo Campuzano, calificó el comportamiento del exgobernador como ejemplar durante su estancia en prisión, mientras que la Fiscalía General de la República destacó conductas cuestionables de Duarte, como la posesión de objetos prohibidos en su celda. El caso de Duarte ha mantenido la atención pública en México, dado su vínculo con el reconocido regreso del PRI al poder durante el mandato de Enrique Peña Nieto. La noticia de la negativa a su libertad anticipada es un recordatorio de los escándalos de corrupción que han plagado a figuras políticas prominentes del país. Duarte anunció una impugnación contra el fallo, lo que sugiere que la saga judicial aún no ha concluido.
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