El reciente congreso del PSOE ha dejado un panorama político tenso donde se acusa al gobierno de Pedro Sánchez de avanzar hacia un control total del Estado. La crítica se centra en supuestas intenciones de manipular el aparato judicial, particularmente el Tribunal Supremo, para consolidar un poder similar al de dictaduras, bajo una apariencia democrática. Esta situación se ve agravada por lo que se percibe como una oposición débil e incapaz de contrarrestar las políticas actuales. Se menciona una falta de acción en la oposición que, según los críticos, debería estar liderando una batalla cultural en respuesta al avance del gobierno.
Simultáneamente, se destaca el papel de Óscar López, visto como un peón clave en el esquema político de Sánchez. López, con un historial controversial en la administración pública, ha sido designado para enfrentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su llegada a la escena política madrileña se enmarca en un contexto de creciente confrontación política donde las acusaciones y la difamación son estrategias recurrentes. Además, surgen preocupaciones por la gestión económica del gobierno, como el uso del presupuesto estatal en inversiones cuestionables en el exterior, mientras se incrementan los sueldos de empleados públicos en momentos de múltiples subidas de impuestos. Estos movimientos generan descontento y preocupación sobre la erosión de libertades y el posible advenimiento de una «democracia totalitaria» en el país.
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