Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas EFF, Access Now y Article 19, han emitido una carta dirigida al Comisionado de Mercados Internos de la Unión Europea, Thierry Breton, solicitando una clarificación sobre su interpretación del término «riesgos sistémicos» en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta petición surge como respuesta a una comunicación anterior de Breton, en la que instaba a una plataforma de redes sociales a cumplir con la DSA, en el contexto de disturbios de extrema derecha en el Reino Unido, así como una conversación transmitida en vivo entre el candidato presidencial estadounidense Donald Trump y el CEO de la plataforma, Elon Musk, ocurrida poco después de la emisión de la carta.
Los firmantes de esta nueva misiva argumentan que la carta de Breton puede interpretarse como un intento de sobrepasar la autoridad de la UE y transformar el enfoque basado en riesgos sistémicos en una herramienta para censurar discursos desestimados a nivel mundial. Al referirse directamente al evento de Trump y Musk, los críticos acusan a Breton de contradecir uno de los principios fundamentales de la DSA: la protección de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y de información.
El meollo del debate radica en la obligación que impone la DSA a las plataformas en línea más grandes de evaluar los riesgos sistémicos derivados del uso de sus servicios en la Unión. Estas plataformas deben implementar medidas razonables y efectivas diseñadas específicamente para mitigar los riesgos identificados. Este marco fue elaborado meticulosamente por grupos de la sociedad civil para prevenir que la DSA se convirtiera en una herramienta para sancionar incidentes individuales de difusión de contenido que, aunque legal, pudiera ser problemático.
No obstante, la reciente carta de Breton menciona la monitorización de «debates y entrevistas en el contexto de elecciones» debido a los «posibles riesgos» que podrían representar en la UE. Los firmantes subrayan que eventos como estos son de interés público y, por tanto, merecen una protección robusta. La difusión de información relevante y actual no debería considerarse un riesgo sistémico, ya que los ciudadanos tienen derecho a acceder a esta información a través de plataformas en línea.
Adicionalmente, critican que la carta de Breton no distingue adecuadamente entre contenido «ilegal» y «dañoso», sugiriendo una tendencia de la Comisión hacia la restricción de discursos legítimos. Este es un punto crucial, ya que la Comisión Europea ha reconocido previamente que el contenido dañino no debe tratarse de la misma manera que el contenido ilegal. La carta de Breton, al referirse al «riesgo de amplificación de contenido potencialmente dañino», parece confundir ambos términos, lo que podría acarrear graves implicaciones para los derechos de expresión.
En último término, las organizaciones señalan su preocupación de que la Comisión pueda estar excediendo su mandato geográfico, pues no queda claro cómo los eventos ocurridos fuera de la UE pueden relacionarse con riesgos que afecten a los residentes dentro de la unión. La carta reconoce que la evaluación de estos riesgos aún está en proceso y que el daño es solo una posibilidad, lo que incrementa la incertidumbre sobre las acciones que deben tomar las plataformas.
En este contexto, los firmantes del DSA Human Rights Alliance abogan por un enfoque centrado en los derechos humanos que contemple los efectos globales de la DSA, instando a la Comisión a priorizar sus acciones en consecuencia.
