En San José, California, el uso de tecnología de vigilancia masiva por parte de la policía ha sido sujeto de una seria impugnación legal. Han surgido acusaciones de que se han violado los derechos constitucionales al realizar búsquedas en los registros de ubicación de los ciudadanos sin la debida autorización judicial. Esta controversia ha sido llevada al terreno legal por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Unión Americana de Libertades Civiles de California del Norte (ACLU-NC), quienes han interpuesto una demanda que podría sentar precedentes importantes.
El caso, presentado en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, cuenta con el respaldo de la red Servicios, Derechos y Educación para Inmigrantes (SIREN) y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas de California (CAIR-CA). La demanda sostiene que las fuerzas del orden en San José han estado utilizando los lectores automáticos de matrículas (ALPR) para recopilar, sin orden judicial, datos de ubicación que detallan los movimientos de millones de conductores. Los ALPR funcionan capturando imágenes de las matrículas de los vehículos, grabando así los hábitos y los desplazamientos de cualquier persona que pase por su área de cobertura.
Este tipo de tecnología plantea preocupaciones sobre las libertades civiles y el derecho a la privacidad. Quienes transitan regularmente por zonas monitoreadas pueden ver su información almacenada varias veces al día, permitiendo a las autoridades construir un perfil detallado de sus actividades cotidianas, lo que incluye lugares de trabajo, prácticas religiosas y visitas médicas.
San José ha establecido un sistema de vigilancia robusto con cerca de 500 dispositivos ALPR en operación, recopilando un volumen masivo de datos mensuales, registros que se conservan por hasta un año. Esto otorga a la policía un acceso amplio y continuo a la trayectoria diaria de los ciudadanos, un poder que suscita serias preocupaciones respecto a la vigilancia sin restricciones.
La demanda legal también señala como responsables al alcalde Matt Mahan y al Jefe de Policía, Paul Joseph, con el objetivo de frenar las búsquedas realizadas sin aprobación judicial. La ley estatal apoya que la información de ubicación está protegida, exigiendo que cualquier rastreo o recopilación deba ser sometido a escrutinio judicial para su autorización.
Líderes de SIREN y CAIR han hecho hincapié en que esta batalla no solo concierne a la tecnología en sí, sino a la gestión del poder y la necesidad de establecer controles adecuados. Zahra Billoo, directora ejecutiva de CAIR en el área de la Bahía de San Francisco, expresó su preocupación sobre el potencial de un seguimiento policial sin causa justificada. En tanto, Huy Tran de SIREN, ha recalcado la urgencia de proteger los derechos de privacidad de los residentes, sugiriendo que cualquier acceso a esta índole de información debería ser regulado estrictamente.
En conjunto, ambas organizaciones esperan que este proceso judicial reafirme el respeto a los derechos constitucionales y aborde de manera efectiva la regulación de la vigilancia masiva en un contexto donde las tecnologías continúan avanzando, a menudo en detrimento de esferas íntimas de la vida personal de los individuos.
