Sindicatos y colectivos de trabajadores del sector público, representados por organizaciones como CCOO, UGT, ANPE, entre otros, alzan la voz en demanda de un acuerdo que asegure la calidad de la asistencia sanitaria para aproximadamente 1,5 millones de empleados públicos. Los representantes sindicales piden al Gobierno y a las aseguradoras resolver una situación que describen como crítica, con el fin de proteger el bienestar de los mutualistas.
En un comunicado, los grupos sindicales subrayan la urgencia de establecer un convenio que no solo mantenga los servicios médicos actuales, sino que mejore las prestaciones para los empleados públicos. Aseguran estar dispuestos a implementar todas las medidas de presión necesarias para lograr este objetivo. La preocupación principal radica en la demanda de que se priorice la atención sanitaria en un modelo que, según denuncian, las aseguradoras consideran «infrafinanciado». Esto, dicen, lleva a estas empresas a intentar maximizar sus beneficios en detrimento de las personas beneficiarias.
Uno de los puntos más criticados por los sindicatos es la estrategia de «selección de riesgos» que supuestamente emplean las aseguradoras. Esta táctica implicaría trasladar a la sanidad pública los casos más complejos y costosos, lo que genera un peligro potencial para la salud de los beneficiarios y un sobrecarga para el sistema sanitario público.
Frente a esta situación, las organizaciones instan al Gobierno a proporcionar una solución clara que ofrezca garantías a los mutualistas actuales. Además, hacen un llamado a la ciudadanía para unirse a las movilizaciones que tendrán lugar el próximo 11 de diciembre, buscando una mayor transparencia y responsabilidad tanto del Gobierno como de la mutualidad involucrada.
El reclamo incluye un llamado directo a la acción, con la convocatoria de manifestaciones en las calles como una estrategia para aumentar la presión sobre las partes involucradas. El objetivo es conseguir una atención médica adecuada para los trabajadores del sector público y evitar un posible colapso en el sistema de salud pública del país.
Nota de prensa de ANPE Madrid.