La legislatura texana se encuentra en el ojo de una controversia sobre un proyecto de ley que, según destacan sus críticos, podría socavar de manera significativa las protecciones de la libertad de expresión en el estado. El proyecto, conocido como el Senate Bill 336 (SB 336), amenazaría con debilitar la Texas Citizens Participation Act (TCPA), una ley clave diseñada para proteger contra las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, o SLAPPs por sus siglas en inglés. Esta legislación fue aprobada en 2011 con un apoyo bipartidista categórico y ha funcionado como un escudo vital contra las demandas intimidatorias que buscan silenciar la voz de los ciudadanos a través de onerosas cargas financieras.
Las SLAPPs son utilizadas a menudo por actores poderosos con el objetivo de intimidar y acallar voces críticas. A través de estos litigios, no se pretende una victoria legal, sino más bien abrumar económicamente a los demandados y desalentar discusiones sobre asuntos públicos. Bajo el amparo de la TCPA, una demanda SLAPP se puede poner en pausa automáticamente mientras los tribunales determinan su legitimidad, protegiendo así a los demandados de enfrentar un oneroso proceso de descubrimiento. Sin embargo, el SB 336 busca eliminar esta suspensión automática en ciertas apelaciones, lo que podría dejar a muchos vulnerables a prolongadas e injustas batallas judiciales.
Entre los más afectados por esta propuesta legislativa se encuentran periodistas, denunciantes que revelan prácticas corruptas, sobrevivientes de violencia doméstica y pequeños empresarios que luchan contra prácticas comerciales corruptas. Para estas personas y otros que ya enfrentan desigualdades significativas en el sistema judicial, el proyecto de ley significaría añadir otra capa de desafío, aumentando el riesgo de ser intimidados o acallados por parte de entes más privilegiados.
La respuesta ha sido clara y contundente. Muchas organizaciones, desde la ACLU hasta el Reporters Committee for Freedom of the Press, han unido fuerzas en oposición al SB 336, sumando sus voces a medios de comunicación locales y nacionales que también expresan su descontento. La resistencia a la erosión de la TCPA ya ha frustrado intentos similares en tres ocasiones anteriores, pero este nuevo esfuerzo representa un renovado intento por parte de sus proponentes.
Los ciudadanos de Texas no son meros espectadores en este debate legislativo. Están llamados a contactar a sus representantes y senadores para expresar el rechazo a este proyecto de ley que amenaza con dejar desprotegido el derecho vital de expresar opiniones y contribuir al diálogo público sin temor a represalias judiciales desmensuradas.
En los próximos días, los texanos tendrán que decidir si permiten que el SB 336 avance, comprometiendo la facultad de su comunidad para hablar abiertamente, o si tomarán acción para preservar un entorno donde la libertad de expresión esté garantizada para todos, sin importar su posición financiera.
