Un controversial proyecto de ley, el STOP CSAM Act de 2025, ha sido presentado en el Senado de Estados Unidos, generando gran preocupación entre defensores de la libertad de expresión en Internet. La Electronic Frontier Foundation (EFF) urge al Congreso a rechazar la propuesta, señalando que podría socavar servicios clave como la encriptación de extremo a extremo y forzar a las empresas a eliminar contenido legítimo generado por los usuarios.
El S. 1829 busca limitar la difusión de material de abuso sexual infantil (CSAM) en línea, un delito ya regulado por la legislación actual que obliga a los proveedores a reportar estos casos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Sin embargo, la nueva medida va más allá, amenazando con sanciones a servicios que protegen la seguridad del usuario, desde aplicaciones de mensajería hasta plataformas de redes sociales.
La legislación criminaliza el «almacenar o hacer disponible» material de abuso infantil, y sus definiciones de “promover” y “facilitar” son tan amplias que podrían generar responsabilidad civil aun sin que los proveedores tengan conocimiento del CSAM. Esto implica un reto considerable, sobre todo para servicios que usan encriptación y no pueden revisar el contenido subido por los usuarios.
Aunque el proyecto permite una defensa si es «tecnológicamente imposible» eliminar el CSAM sin romper la encriptación, esta excepción no protege suficientemente a los servicios. Los costos legales podrían ser prohibitivos, afectando especialmente a nuevas plataformas.
Además, se propone una excepción a la Sección 230 de la ley de comunicaciones, clave para la inmunidad de intermediarios de Internet frente al contenido de sus usuarios. Esta modificación podría llevar a una censura mayor de contenido por miedo a litigios, restringiendo la libre expresión en línea.
Sus críticos advierten que estas medidas podrían crear un ambiente digital restrictivo, donde las plataformas limiten la comunicación para evitar repercusiones legales. La EFF y otros defensores de derechos digitales llaman al Congreso a reevaluar este enfoque, en pos de un equilibrio que proteja tanto a los niños como la libertad en Internet.
