La administración actual en Washington ha emitido un reciente decreto ejecutivo en su compromiso por «restaurar la libertad de expresión y poner fin a la censura federal», generando un intenso debate respecto a su enfoque y alcance. Aunque dirigido a investigar las medidas bajo el gobierno de Biden en torno a la moderación de contenido en redes sociales, el decreto ha sido criticado por no abordar de manera suficiente la protección plena de los derechos garantizados por la Primera Enmienda.
El decreto, que fue publicado el lunes, busca una revisión exhaustiva de las acciones del gobierno desde hace cuatro años para determinar posibles incongruencias con las libertades de expresión protegidas por la Constitución. Al señalar la lucha contra la desinformación como uno de los motivos del supuesto exceso gubernamental, el documento omite una clara apuesta por la transparencia, lo que ha levantado banderas rojas entre críticos y defensores de la libertad de expresión.
Por otro lado, organismos que velan por los principios de libertad de expresión en el entorno digital, como los autores de los «Principios de Santa Clara», insisten en la necesidad de que el gobierno sea transparente respecto a su implicación en la moderación de contenidos. Hasta el momento, el nuevo decreto no ha respondido a estas expectativas, dejando un vacío en la confianza ciudadana sobre sus intenciones prácticas.
Además, la temporalidad y el enfoque del decreto han sido cuestionados. La presión sobre las plataformas de medios por parte de distintas administraciones no es un fenómeno nuevo; sin embargo, centrar la indagación principalmente en la administración pasada es visto por algunos como un acto político más que una auténtica búsqueda para corregir malas prácticas. Un análisis equilibrado y comprehensivo sería ideal para evitar que tanto los ciudadanos como las instituciones caigan en políticas restrictivas de la libertad de expresión.
Un enfoque genuino requeriría no solo la investigación de actividades específicas hacia ciertas administraciones, sino una revisión más amplia que garantice resultados útiles y públicos. Sugieren, además, que sería más beneficioso si dicha revisión fuera conducida por un inspector general autónomo, y no simplemente delegada al Fiscal General, para preservar la imparcialidad y evitar posibles conflictos de intereses legales.
El contexto actual resalta que la Primera Enmienda se opone a la intervención gubernamental en la censura por coacción, pero reconoce benéfico cierto grado de cooperación entre plataformas y agencias en el manejo de información verificada. Este nuevo decreto, anunciado por la administración encabezada por el presidente Trump, parece haber sido un desencanto para quienes esperaban cambios sustantivos y menos politizados en el marco de protección a la libertad de expresión. A largo plazo, el verdadero desafío será cómo equilibrar la protección de estos derechos con la necesidad de un discurso público informado y seguro.
