El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo hacia la inclusión social al aprobar un real decreto que establece condiciones básicas para la accesibilidad cognitiva en España. Esta norma, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, tiene como objetivo asegurar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos de manera plena, garantizando igualdad de oportunidades y eliminando cualquier forma de discriminación.
En un esfuerzo por hacer que la información y los entornos sean comprensibles para todos, el decreto se centra en ámbitos clave como los centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales y culturales, y procesos electorales. El propósito es que toda la información se presente de forma clara y accesible mediante el uso de lenguaje sencillo, sistemas de lectura fácil, sonidos, pictogramas y tecnologías de apoyo, evitando costes adicionales o retrasos.
Esta normativa tiene un enfoque inclusivo que beneficiará a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental, parálisis cerebral, personas mayores con deterioro cognitivo, individuos en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan los idiomas oficiales del Estado.
La aprobación del decreto cumple con las disposiciones de la Ley 6/2022 sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, y establece el primer marco normativo de accesibilidad cognitiva en España. Sus requisitos abarcan comunicaciones y relaciones con las administraciones públicas, el acceso a bienes y servicios, y la participación en la vida pública, entre otros.
El Ministerio, junto con el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), está trabajando en la creación de guías para facilitar la aplicación práctica de estas normas por parte de organismos públicos y privados. Además, se están desarrollando iniciativas para simplificar trámites administrativos esenciales como la obtención de documentos oficiales.
La accesibilidad cognitiva, definida como el derecho a comprender y realizar actividades cotidianas con facilidad, se presenta como un elemento esencial en la construcción de una sociedad más equitativa. Similar a la provisión de rampas o ascensores para personas con movilidad reducida, se busca que aquellos con dificultades cognitivas también disfruten de entornos adecuados y servicios accesibles. Este decreto no solo avanza los derechos de estas personas, sino que promueve una perspectiva integradora en la administración pública y en la prestación de servicios fundamentales.
Fuente: Ministerio de Consumo
