En la reunión celebrada el 27 de febrero de 2025, la Junta de Gobierno tomó varias decisiones cruciales que repercutirán en ámbitos clave del ámbito político y económico. Estos acuerdos se tomaron después de un exhaustivo análisis de la situación actual del país, en el marco de un entorno socioeconómico que enfrenta diversos desafíos tanto a nivel interno como externo.
Una de las medidas más relevantes aprobadas durante la sesión fue el ajuste en la política fiscal. Con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico y crear un entorno más favorable para la inversión, la Junta anunció una reducción en el impuesto sobre la renta para pequeñas y medianas empresas. Esta decisión busca incentivar la creación de empleos y fomentar la innovación en un mercado que se encuentra en recuperación tras la recesión económica vivida en los últimos años.
Asimismo, se abordó la necesidad de reforzar la diplomacia económica con países estratégicos, buscando nuevas oportunidades de comercio exterior que permitan diversificar los mercados de exportación. En este sentido, la Junta acordó iniciar negociaciones para posibles convenios bilaterales, que se espera impulsen la competitividad del sector exportador nacional.
En el ámbito social, se destacó la aprobación de un nuevo programa de apoyo educativo. La medida está dirigida a mejorar la infraestructura de las escuelas públicas en zonas rurales y financiar la capacitación de docentes, garantizando una educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes. Esta iniciativa responde a las demandas crecientes de la población por una reforma educativa que cierre las brechas de desigualdad.
Además, los miembros de la Junta discutieron las recientes preocupaciones expresadas por grupos ambientalistas sobre el impacto de ciertos proyectos industriales. En respuesta, se comprometieron a realizar auditorías ambientales rigurosas y a implementar regulaciones más estrictas que aseguren el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales del país.
Por último, con miras a garantizar la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones, la Junta de Gobierno reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción, implementando nuevas normativas de control interno. Estas disposiciones pretenden asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y responsable.
Estos acuerdos reflejan la determinación de la Junta de Gobierno de enfrentar los desafíos actuales con políticas proactivas y responsables, con la aspiración de construir un futuro más próspero y equitativo para todos los ciudadanos.
