La llamada Operación Persa se gestó entre 1994 y 2004 con el objetivo de evitar que el material comprometedor que exponía una presunta infidelidad de Juan Carlos I con Bárbara Rey viera la luz y pusiera en riesgo la estabilidad de la Monarquía española. Durante 10 años, esta operación implicó el pago de millones de euros provenientes, en parte, de fondos públicos para silenciar a quienes estaban en posesión de dicho material, que incluía fotos, grabaciones y vídeos. La difusión reciente de algunos de estos documentos ha reabierto el debate sobre el uso de dinero público para salvaguardar secretos personales del monarca y ha puesto en el punto de mira si el rey emérito tenía conocimiento previo de eventos críticos, como el intento de golpe de Estado del 23-F.
A lo largo de esos años, se manejaron sumas considerables para garantizar el silencio de Bárbara Rey, quien supuestamente intentó monetizar la información obtenida de su relación con el monarca. Pese a los acuerdos financieros, que incluyeron pagos en efectivo y situaciones laborales favorables para la vedette en medios públicos, el material persiste, ahora en manos de su hijo, quien ha comenzado a vender su contenido décadas después. Las grabaciones de conversaciones suponen incluso la implicación indirecta de figuras clave del 23-F, generando un nuevo interés por esclarecer qué sabía el monarca en relación a la intentona golpista. Mientras tanto, se espera que Juan Carlos I aporte su perspectiva en unas memorias cuyo lanzamiento ha sido pospuesto indefinidamente.
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