El Gobierno de España ha decidido impugnar una controvertida moción en Murcia que pretende limitar la enseñanza del Islam en centros educativos de la región. La medida fue aprobada por la Asamblea Regional con el apoyo de Vox y el Partido Popular (PP), generando una fuerte reacción desde Moncloa, que considera que la iniciativa podría violar derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la libertad religiosa y el derecho a la educación. La impugnación sigue el procedimiento habitual en el Tribunal Constitucional, mientras que el debate se intensifica tanto a nivel regional como nacional.
Paralelamente, el PP ha tomado pasos para distanciarse del polémico acuerdo que apoyó inicialmente al rebajar el pacto con Vox. Figuras destacadas del partido en Murcia han manifestado su intención de replantear la aplicación de la moción para minimizar el impacto y evitar una posible confrontación con el Ejecutivo central. Este movimiento busca mitigar las críticas crecientes y ofrecer una vía de consenso que respete los principios constitucionales, a la vez que atiende las demandas de ciertos sectores de su electorado. La situación sigue evolucionando en un escenario político cargado de tensiones entre las fuerzas nacionales y autonómicas.
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