La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley educativa del Consell ha puesto de relieve las tensiones políticas en torno a la regulación de la lengua en el sistema educativo valenciano. Este recurso ha sido impulsado por diversos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de la Nación, como Sumar, Compromís y partidos nacionalistas, reflejando una fuerte oposición hacia lo que consideran una intromisión estatal en sus competencias. La ley, que busca equilibrar la promoción del valenciano, ha generado críticas por invadir competencias exclusivas y ser percibida por algunos como un intento de desactivar la diversidad lingüística del sistema educativo. Los críticos consideran que se contraviene el marco legal vigente, al fomentar un modelo educativo más inclusivo y adaptado a la diversidad cultural del pueblo valenciano, permitiendo una mayor libertad de elección y adecuación de la enseñanza a los contextos zonales.
Por otro lado, los reproches hacia la ley también incluyen la apertura de exenciones al aprendizaje del valenciano y la posibilidad de elegir la lengua en la que rendir los exámenes, lo que algunos ven como una amenaza a la objetividad y autonomía del profesorado. Esta medida también ha sido criticada por su potencial para desvirtuar la enseñanza en la lengua vehicular oficial de cada asignatura. Además, el informe del Comité de Expertos de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa señala la persistencia de lagunas en el sistema de protección lingüística en España, contrastando las obligaciones asumidas con los deberes constitucionales. Mientras algunas fuerzas políticas ven el modelo de libertad educativa aprobado por las Cortes como un avance hacia una educación más inclusiva, otros temen que se limite a perpetuar un monolingüismo educativo bajo el pretexto de una igualdad lingüística.
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