El reciente anuncio de la gratuidad del transporte público para menores de 14 años en Andalucía por parte de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha generado tensión entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Esta iniciativa es percibida desde Madrid como otro ejemplo de deslealtad institucional por parte del ejecutivo andaluz, dirigido por Juan Manuel Moreno. La medida, presentada durante un foro en Granada, incluye también una bonificación adicional del 40% en los transportes metropolitanos, de la cual la Junta asegura cubrir el 20%; sin embargo, la financiación completa para la gratuidad de estos servicios públicos para menores procede del Gobierno de España, a través de un presupuesto que asciende a 355 millones de euros destinado a subvencionar el transporte público gratuito para los menores de 15 años y ofrecer descuentos a jóvenes y otros usuarios.
Esta controversia se enmarca en un contexto de recurrente discordia sobre la canalización y reconocimiento del origen de los fondos para iniciativas de interés público en Andalucía. Las autoridades centrales acusan a la Junta de intentar apropiarse de las estrategias financiadas con recursos estatales, una dinámica que supuestamente se repite en diversas áreas, desde la promoción de viviendas asequibles hasta acciones como el plan estatal para la corresponsabilidad doméstica. En compromisos recientes, como la entrega de viviendas de alquiler protegido en Sevilla, el papel de la Junta ha sido minimizar los recursos entregados por el Gobierno central y los acuerdos tripartitos que han beneficiado directamente a los municipios y a la población local. La controversia, no obstante, podría tener más que ver con la falta de claridad en la comunicación de las contribuciones de cada partido implicado, lo que alimenta un clima de desconfianza y disputa política.
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