Más de siete países, encabezados por España, han expresado su decepción por la «falta de ambición» de la Unión Europea al abordar la actualización de la directiva de 2011 contra los abusos sexuales a menores. La polémica gira en torno a la incapacidad de los Veintisiete para solidificar definiciones cruciales como la del consentimiento. Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia y Justicia, subrayó la necesidad de una mayor claridad en el consentimiento de menores en edad de darlo, advirtiendo que la falta de consenso podría comprometer la protección de estos jóvenes contra depredadores sexuales. Aunque España no figura entre los firmantes de un reciente documento de protesta, comparte plenamente las preocupaciones expuestas por los Estados firmantes, y seguirá aplicando sus propias leyes, como la Ley orgánica de libertad sexual basada en el principio «solo sí es sí».
El desacuerdo también se hizo evidente en el ámbito económico, donde Austria denunció la reducción de las sanciones propuestas para empresas tecnológicas implicadas en la producción de deepfakes sexuales de menores. La Comisión Europea había propuesto inicialmente sanciones más severas, alineadas con leyes medioambientales, pero el texto actual contempla una penalización reducida. La actualización de la directiva no solo busca definir mejor los delitos de abuso sexual contra menores, sino también abarcar el material pornográfico generado por inteligencia artificial. Con cifras alarmantes que reportan 1,5 millones de denuncias de abuso infantil en 2022, la necesidad de una legislación robusta y adaptada a los retos tecnológicos actuales se percibe como urgente en un continente donde uno de cada cinco menores sufre alguna forma de abuso sexual.
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