En el discurso público sobre la lucha contra el crimen organizado en México, se han consolidado dos posturas aparentemente antagónicas. Una defiende el uso de la «mano dura» como estrategia principal, inspirada por la guerra contra el narco y figuras como Omar García Harfuch y Nayib Bukele. Este grupo, sin importar su orientación política, aplaude las acciones militares y policiales que buscan abatir a miembros de los carteles, incluso si esto conlleva «daños colaterales» y la erosión de derechos como la presunción de inocencia. La otra postura se enfoca en abordar las condiciones socioeconómicas que favorecen el arraigo del crimen, diferenciándose de estrategias previas de mandatarios como Peña Nieto y Calderón. Los seguidores de esta línea, abanderada por López Obrador y la Cuarta Transformación, critican la violencia de la guerra contra el narcotráfico y abogan por reducir la desigualdad como medida preventiva, aunque reconocen que este enfoque a largo plazo no se opone a la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos.
Sin embargo, la discusión pública a menudo omite aspectos cruciales, como la regulación del flujo de armas y el entramado financiero que sostiene al crimen organizado. Aunque los programas sociales son necesarios, estos requieren tiempo para mostrar resultados. Al mismo tiempo, la captura o eliminación de cabecillas no destruye las estructuras criminales ni evita que nuevos líderes emerjan. Un enfoque efectivo debería incluir medidas financieras como el desmantelamiento del lavado de dinero. No obstante, esto es impopular entre los políticos debido a sus implicaciones: el crimen organizado está profundamente enredado con la clase política y empresarial, evidenciado por casos como el de HSBC. Esta invisibilidad del enfoque financiero en el discurso político sugiere que enfrentarlo revelaría conexiones incómodas y responsabilidades compartidas entre el crimen, el Estado y sectores empresariales.
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