Las escuelas ordinarias están lejos de ser entornos seguros para los menores con discapacidad, especialmente aquellos con dificultades sociales e intelectuales. Recientemente, Pedro Ugarte, presidente de Autismo España, alertó que el 71% de los niños con autismo han sufrido acoso, lo que ha llevado a la organización a firmar un acuerdo con el Ministerio de Juventud e Infancia en un intento de frenar esta situación. A pesar de las buenas intenciones, la falta de un compromiso gubernamental claro y de financiamiento adecuado plantea serias dudas sobre la efectividad de estas iniciativas, especialmente a medida que los niños avanzan más allá de la etapa infantil.
La problemática no se limita al acoso entre compañeros; también se extiende al comportamiento de algunos adultos responsables de la educación. Un caso reciente destaca la condena de una profesora en Burgos por vejar a dos alumnos con discapacidad, lo que pone de relieve la crueldad que puede existir en estos entornos. Con un 95% de los menores con inteligencia límite cambiando de centro al menos una vez, y un 54% enfrentando acoso, es evidente que las escuelas necesitan urgentemente más recursos, formación y empatía. La situación actual no solo expone a estos niños a un entorno hostil, sino que también plantea un serio desafío a las políticas de inclusión educativa que, sin acciones concretas, quedan en meras palabras.
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