La polémica en torno al nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia desató una tormenta política que no llegó a calmarse hasta la decisión del propio abogado de declinar el cargo. Las críticas provinieron de diversas partes, incluidas corrientes feministas y de derechos humanos, que cuestionaron los comentarios pasados de Mendoza en redes sociales por considerarlos misóginos. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se mostró en desacuerdo frontal con el nombramiento, haciendo pública su postura a través de redes sociales, donde enfatizó que un gobierno comprometido con la igualdad y la eliminación de la violencia de género no podía permitirse incluir personas con tal historial en sus filas. Aunque el presidente Gustavo Petro intentó defender su elección, las palabras de Márquez y las crecientes presiones no solo desde la ciudadanía sino también desde dentro de su administración, llevaron a la reversión de su decisión.
Las explicaciones ofrecidas por Mendoza en un video donde citaba malentendidos de viejas publicaciones no lograron aplacar la controversia, y tanto la Cancillería como destacadas figuras políticas insistieron en las críticas al nombramiento. Acciones como las de Laura Gil y Arlene Tickner, entre otras, resaltaron la necesidad de coherencia con una política exterior feminista que el gobierno dice impulsar. Esta controversia se suma a la colección de críticas que ha recibido la administración de Petro al nombrar a funcionarios cuestionados en cargos diplomáticos en el pasado, sugiriendo un patrón preocupante en la elección de representantes internacionales del país. La declinación de Mendoza parecía inevitable en un escenario de creciente descontento y demanda de integridad en el servicio público, reflejando la presión social e interna con la que el gobierno debe lidiar.
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