En las últimas dos décadas, España ha enfrentado una serie de acontecimientos que han puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones críticas: los atentados del 11 de marzo de 2004, la crisis económica de 2008, la pandemia de COVID-19 y los episodios recurrentes de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Estos eventos han evidenciado una constante en la gestión de crisis en el país: la falta de previsión, descoordinación entre diferentes niveles de gobierno y una notable ausencia de asunción de responsabilidades. La respuesta institucional a cada una de estas situaciones ha sido objeto de crítica debido a la evidencia de choques competenciales que dificultan la implementación de medidas efectivas y rápidas para mitigar el impacto en la sociedad.
El 11-M reveló falencias en la coordinación de emergencia, un patrón que se repitió durante la crisis económica, donde las decisiones tomadas a nivel europeo terminaron complicándose por la falta de órganos de fiscalización interna eficientes. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas deficiencias, mostrándose en el manejo desigual entre comunidades autónomas y el gobierno central. Finalmente, los episodios de DANA continúan subrayando la necesidad de un enfoque unificado y previsor, ya que los desbordamientos de ríos y daños a infraestructuras han sido recurrentes. La evidencia demuestra que, a pesar de las diferentes naturalezas de estas situaciones, el factor común es una estructura estatal que a menudo responde de manera tardía e ineficaz, subrayando la urgencia de una reforma en la organización y gestión de crisis en el país.
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