El Consell de Mallorca enfrenta una grave crisis en la atención de menores extranjeros no acompañados (MENAs) debido al incremento de llegadas este año, con 303 menores asistidos para solo 24 plazas oficiales. La situación ha obligado a crear nuevas plazas de emergencia, aunque el colapso sigue evidente por la falta de personal y espacio. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha proporcionado inmuebles estatales para aliviar la carga, pero el Obispado de Mallorca ha cedido un edificio. Los costos de tutela ascienden a 7.300 euros mensuales por menor, financiados por los contribuyentes locales. Ante la situación, el PP ha propuesto en el Parlament balear una línea de financiación específica para las comunidades autónomas.
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